Miguel Pallares

El estandarte del presente gobierno ha sido el combate a la corrupción, sin embargo, la falta de transparencia y poco acceso a los datos sobre quejas administrativas y seguimientos, dificultan identificar y resolver este problema. Así se explicó durante la presentación del estudio “Observatorio del Sistema Nacional y Sistemas Nacionales Anticorrupción,” donde se compartieron los resultados del análisis de datos sobre prevención, detección y sanción por actos de corrupción, el cual evidenció la falta de transparencia y disponibilidad de datos.

Juan José Tena, investigador de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, responsable del estudio comentó que “en esta primera etapa piloto del estudio se realizaron 144 solicitudes de información y se presentaron 45 recursos de revisión de 10 estados y el Sistema Nacional Anticorrupción. También se solicitaron peticiones de información a través de los Comité de Participación Ciudadana (CPC), con lo que se llevó a cabo el estudio”.

Los resultados relevantes encontrados fueron, un total de 16,277 quejas administrativas, únicamente se han resuelto 5,091 quejas administrativas, lo que representa el 31%. Del mismo modo se ha sancionado 1,434 servidores públicos, de un total de 5,091 quejas administrativas resueltas, es decir, solamente el 28%.

El estudio muestra que se han obtenido 13 sentencias penales condenatorias de un total de 6,173 denuncias penales por hechos de corrupción y se han recuperado 2 millones 647 mil pesos por hechos de corrupción y faltas administrativas en el país. El estudio es el inicio para evaluar a los operadores de los Sistema Nacional y Estatales Anticorrupción, y se demostró que no existen datos abiertos y de igual forma no hay datos fáciles de obtener por medio de los portales de transparencia. Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción mencionó que, “algunos hallazgos que se obtuvieron fueron, la dificultad de que siete actores se pongan de acuerdo para operar las nuevas leyes del sistema y además expidan e implementen una Política Anticorrupción.

“Igualmente es complicado revisar y conocer la evolución de los sistemas anticorrupción si las autoridades responsables no entregan la información necesaria en datos abiertos procesables. Finalmente, que no se contempla algún tipo de vinculación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y los SEAs”, indicó.Durante el evento se reiteró que la plataforma digital puede ser consultada por los ciudadanos en la siguiente dirección: https://www.transparenciayanticorrupcion.mx/observatorio y ahí se encuentra toda la información relacionada al proyecto.