Rendición de cuentas – El caso de Irma Eréndira Sandoval

Dra. Mariana Cendejas @MarianaCendejas

En el verano de 2020, causó tremendo revuelo en medios y redes sociales, un trabajo periodístico que revelaba que Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, extitular de la Secretaría de la Función Pública y su esposo, John Mill Ackerman Rose, cuentan con un patrimonio que ronda la cifra de los 60 millones de pesos, cantidad que supera, por mucho, el monto que ambos pudieron reunir en sus trabajos previos como académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Pero, lo que llamó más la atención y provocó aun mayor alboroto, fue la reacción de ambas personas servidoras públicas. En el caso de Ackerman, a través de la acusación hacia el periodista, Carlos Loret de Mola, de haberlo calumniado, por lo que anunció que procedería legalmente en su contra al considerar, también, que el reportaje atentaba contra su vida privada. 

En el caso de la exsecretaria, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentó el que Sandoval se haya referido a los periodistas como “sicarios mediáticos”, ya que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio público que los ciudadanos comunes. 

Este criterio ha sido adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretando en una de sus sentencias que: 

… la libertad de expresión es pilar de un Estado constitucional y democrático de derecho ya que mantiene abiertos canales para el disenso y el cambio político; y por ello, si bien se deben respetar derechos de terceros, se está permitido recurrir a una cierta dosis de exageración, incluso de provocación. Se estableció que los límites a la crítica son más amplios si se refiere a personas con proyección pública, puesto que las mismas están expuestas a un riguroso control de sus actividades y manifestaciones.

El combate a la corrupción fue una bandera que, tanto Sandoval, como Ackerman, ondeaban por todo lo alto, incluso, antes de formar parte del servicio público en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Irma Sandoval, no solo cuenta con varias publicaciones relacionadas con el tema, también aparece como responsable del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en México, perteneciente al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también, figura como responsable del proyecto “El futuro de la corrupción y la transparencia en México”. 

John Ackerman, también cuenta con numerosas publicaciones sobre los temas anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas. Un artículo que puede ser consultado en la página – https://johnackerman.mx/ –  se titula, ni más, ni menos: “Combate a la corrupción y sociedad”. 

En dicho trabajo, Ackerman, sostiene que cualquier estrategia orientada en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas debe partir de un enfoque integral, institucional y amplio; que hay que enfrentar la corrupción en todas sus formas y niveles; que no es suficiente con educar a los ciudadanos y a los funcionarios públicos, sino que se debe trasnformar el sistema de incentivos que facilita y estimula la cultura de la ilegalidad. 

Vale la pena recordar lo que Ackerman publicó en una colaboración para Proceso unos años atrás, a propósito del escándalo que se desató por la compra de una residencia por el entonces secretario de Gobernación, en donde exigió: “transparencia absoluta e inmediata de todas las cuentas, relaciones y compromisos de los legisladores y funcionarios federales. Quien no divulgue, que renuncie.”

En esta trama, el problema es el cambio de discurso. Antes exigían transparencia a raja tabla a todos los funcionarios, ahora, alegan transgresión a sus derechos a la privacidad y amenzan con demandar por la vía judicial a los medios y periodistas que hicieron pública la información sobre el patrimonio de la pareja. 

Alfonso Robledo Leal, diputado de Acción Nacional, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, por presuntas omisiones e inconsistencias en su declaración patrimonial de Irma Sandoval. Tal vez hubiera sido mejor idea que el legislador presentara una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues la Secretaría de la Función Pública, no debería ser juez y parte, pues en este caso la objetividad e independencia de la investigación están más que entredicho. 

Recordemos el caso en que Videgaray y Peña Nieto fueron investigados por la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de corrupción, en el cual, el titular de dicha dependencia, Virgilio Andrade, fue designado por el propio Peña, quien exoneró a ambos funcionarios de conflictos de interés en el caso conocido como “La Casa Blanca de Peña Nieto”.

Finalmente, Irma Eréndira Sandoval, fue removida de la Función Pública, no por los escándalos sobre su patrimonio, pues su salida de la dependencia fue casi un año despues de que se diera a conocer esta situación, su reemplazo, según López Obrador, se dio porque se estaba entrando a una etapa nueva y se llevarían  llevar a cabo otras reformas. 

Al día de hoy nada se sabe de la denuncia interpuesta por Robledo Leal ni tampco de las acciones emprendidas por el nuevo titular de la dependencia, Roberto Salcedo. 

Mariana Cendejas es Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente es profesora e Investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey.