A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el 19 de octubre de 2021 que es inconstitucional prohibir la venta de vaporizadores en México, el gobierno federal viola dicha disposición por la serie de operativos que ha emprendido en contra de negocios establecidos que venden ese tipo de productos, lo que afecta a miles de personas que utilizan los dispositivos para abandonar el consumo de tabaco.

Juan José Cirión Lee, presidente de la organización, México y el Mundo Vapeando, denunció que durante la última semana se han ejecutado, al menos, 20 acciones contra igual número de comercios de vaporizadores, localizados en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, de la Ciudad de México, así como en la zona de Lomas Verdes en el Estado de México, lo que derivó en decomisos que alcanzaron hasta dos millones de pesos en valor de mercancía. En Michoacán, se decomisaron más de mil unidades.

El especialista en Derecho Mercantil explicó que las autoridades que han ejecutado los arbitrarios operativos son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lo que violenta la resolución de la SCJN porque no hay elementos jurídicos para prohibir la venta de los dispositivos electrónicos.

Adicional a ello, resulta que los productos decomisados corresponden a artículos que ingresaron al país por la vía de amparos, por lo que se trata de productos legales, a diferencia de los que se venden en tianguis, puestos ambulantes y vía pública, los cuales se introdujeron al país a través del contrabando, por lo que no existe garantía ni seguridad en su composición y su venta está al alcance de menores de edad.

Juan José Cirión Lee afirmo que aun y cuando es seguro que los comerciantes afectados ganarán en tribunales las querellas en contra de los operativos (frente al fallo de la SCJN), el problema radica en que, mientras se desarrolla el proceso legal, la autoridad les retiene el producto, lo que afecta la liquidez financiera de los comerciantes.

Por ello, dijo que los operativos tienen tres implicaciones: Por un lado, figura el tema jurídico, es decir, la violación a lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia, a lo que se suma, el tema económico, es decir, el daño patrimonial que provocan este tipo de medidas a los pequeños locatarios. Y finalmente el tercer punto, es decir, el duro golpe que provocan los decomisos a la batalla en contra del tabaquismo en México.

De tal manera, aseguró que los decomisos dejan en una posición vulnerable a miles de usuarios que encuentran en los dispositivos electrónicos un instrumento seguro y confiable para abandonar el tabaquismo, por lo que existe el riesgo de que se vean en la necesidad de buscarlos en el “mercado negro”, con los severos riesgos que conlleva.

Ante dicho escenario, el activista afirmó que el gran reto hoy en día, tras el fallo de la SCJN, es avanzar en la definición de una regulación específica para el vapeo, es decir, ajena totalmente a la Ley General para el Control del Tabaco, pues dejó en claro que los vaporizadores y los cigarros convencionales son productos totalmente diferentes, a pesar de que su consumo provoca una confusión visual.

Por ello, Juan José Cirión Lee consideró que si el Congreso de la Unión avanza en la definición de una regulación al vapeo, se lograrían importantes avances en la materia, como evitar operativos arbitrarios, definir un trato fiscal a los dispositivos, identificar los comercios que los vendan y garantizar que su comercialización sea única y exclusivamente para adultos, pues recordó que la falta de un marco legal ha derivado en diversos fenómenos, como la colocación de maquinas despachadoras en la vía pública o plazas comerciales, lo que permite que un menor de edad pueda adquirir un vaporizador.