Redacción

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que resulta inconstitucional prohibir la venta de vaporizadores y demás dispositivos similares, es necesario avanzar en la formulación de un marco regulatorio que permita ofertar dichos productos en México y sobre todo para aquellas personas que desean abandonar el hábito del tabaquismo.

En este sentido, legisladores de diferentes fuerzas parlamentarias, empresarios, autoridades, especialistas y activistas participaron en dos foros simultáneos celebrados en las cámaras de Diputados y Senadores, en donde se analizaron y discutieron las oportunidades y retos que enfrenta el vapeo, el cual ha sido utilizado por autoridades de diferentes países, como el Reino Unido, para combatir el tabaquismo.

En el foro celebrado en el Palacio de San Lázaro figuró la participación de Juan José Cirión Lee, presidente de la organización civil México y el Mundo Vapeando, quien destacó las oportunidades que se abrieron tras el fallo a favor de los vaporizadores que emitió la SCJN el 19 de octubre pasado, al homologar su criterio respecto a la inconstitucionalidad de la prohibición en la venta de los dispositivos, pues había una contracción de tesis entre la Primera y Segundas Salas.

Por lo anterior, el activista dijo que los esfuerzos ahora deben enfocarse en formular un marco regulatorio específico para los vaporizadores, partiendo de que son artículos totalmente diferentes a los cigarros de tabaco, por lo que enfatizó que sería un grave error pretender regular a los dispositivos electrónicos con la Ley General para el Control del Tabaco.

Y lo que sucede, es que, en efecto, existe una confusión errónea que asocia a los vaporizadores con los cigarros de tabaco por el efecto visual que generan al consumirlos, cuando lo cierto es que son artículos totalmente diferente, pues los cigarros convencionales producen humo por la combustión (quema), de tabaco; mientras que los vaporizadores generan vapor (como su nombre lo dice), derivado de la evaporación de líquidos.

Al respecto, Roberto Sussman, presidente de la organización Provapeo y quien también participó en el evento de la Cámara de Diputados, destacó que varios estudios a nivel internacional han demostrado que los vaporizadores provocan 95 por ciento menos daño que un cigarro convencional.

“El aerosol que genera el cigarro electrónico el cual, los usuarios llaman coloquialmente vapor, contiene apenas el uno por ciento de la masa de toxicidad del humo del tabaco, esto surge de muchos estudios fisicoquímicos con buen diseño experimental, el usuario retiene 90 por ciento de lo que inhala, por lo cual lo que exhalado es sumamente diluido, y por su alta volatilidad se dispersa rápidamente, en unos 20 segundos por cada jalada, a diferencia del humo del cigarro tradicional, el cual permanente en el ambiente por mucho tiempo y contiene alta carga tóxica”, dijo el también investigador de la UNAM.

En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, se pronunció a favor de regular dichos dispositivos, con el objetivo de que su venta a menores de edad esté penalizada, así como evitar que su distribución y venta ocurra en el mercado ilegal para garantizar productos de calidad a los consumidores

En noviembre del año pasado, el diputado de MC, junto con su compañero de bancada, Salomón Chertorivski, presentó una iniciativa para regular los dispositivos electrónicos, la cual busca modificar el Artículo 17 bis de la Ley General de Salud para incluir el término “sistemas electrónicos de administración de nicotina”.

Por su parte, en el evento celebrado en el Senado de la República, participaron representantes de organizaciones del sector privado, como Miguel Paz, de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), quien advirtió que la falta de una regulación está provocando en un creciente “mercado negro”, lo cual constituye un peligro serio en virtud de no existe seguridad ni garantía en los productos que ahí se venden.

En tanto, Raúl Riquelme, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), reconoció que en México existe una tendencia a compartir “fundamentos absolutistas” en contra de la regulación, los cuales no están basados en evidencia científica sino en posiciones políticas.

A su vez, Eric Antonio Ochoa, director general de la organización Salud Justa propuso que la regulación no permita la existencia de maquinas expendedoras de vaporizadores, como hoy en día proliferan en varias ciudades del país y que constituyen un grave peligro para los menores de edad, en virtud de que no existe ninguna restricción para que infantes compren un dispositivo.

Por todo lo anterior, legisladores, empresarios y activistas coincidieron en que la definición de un marco regulatorio exclusivo para los vaporizadores debe partir de que no son cigarros convencionales, pues de lo contrario, se podría caería en el error de darle el mismo trato comercial y fiscal que el tabaco, con lo que México perdería una invaluable oportunidad para combatir el tabaquismo, actividad que causa, en promedio, 60 mil muertes al año en nuestro país.