Redacción| Las consecuencias que provocan la extorsión en la economía y la convivencia son muy graves, por ejemplo, en el primer trimestre del año, la extorsión afectó a 22 estados de la República como Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato.

En un comunicado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) detalló que la extorsión abate la fuerza emprendedora de la ciudadanía ya que ataca a aquellos que día a día se esfuerzan por encontrar márgenes de utilidad aceptables y puntos de equilibrio que les permitan mantenerse abiertos al servicio de los consumidores.

“Este elenco de inauditos chantajes minan la paz social. Al final del día desalientan la inversión y la actividad económica, pues muchos pequeños emprendedores se ven enfrentados a la disyuntiva de pagar la extorsión o cerrar sus negocios”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

La alianza comenta que la extorsión es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fomenta la criminalidad para fondear las finanzas de las pandillas delincuenciales que azotan tres cuartas partes del territorio nacional.

“Colima, entidad perdida en la agenda pública, seguido de Zacatecas y Quintana Roo, son los estados más violentos del país en este desfile de extorsión que impregna a la República como el moho que provoca la corrosión”, señaló Rivera.

El cobro mínimo por derecho a piso es de 500 pesos a la semana, por lo que un pequeño comercio de abarrotes llega a pagar hasta 2 mil pesos mensuales para que lo dejen trabajar, cifra que representa el 20% de su utilidad mensual; sin embargo, este cobro puede alcanzar un techo de hasta 50 mil pesos dependiendo el giro del negocio.

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